La decisión de no denunciar a José Mourinho por sus recientes declaraciones sobre el arbitraje vuelve a poner sobre la mesa el caso de José Luis Gayà. El capitán del Valencia recibió en 2022 una sanción de cuatro partidos por unas declaraciones contra un colegiado que, según el futbolista, había visto una posible acción de penalti y decidió no señalarla.
Cuatro años después, el escenario es distinto. Mourinho realizó una crítica mucho más amplia después del derbi madrileño, cuestionando al árbitro, al VAR y hasta el sistema de designaciones. Sin embargo, no se abrirá un expediente disciplinario por esta vía.
Porque Gayà fue suspendido cuatro partidos por sus declaraciones de 2022, mientras que las críticas de Mourinho en 2026 no han provocado una denuncia disciplinaria de los árbitros.
La diferencia que se está manejando en el caso de Mourinho es que sus palabras se interpretan como críticas a la cualificación, experiencia o preparación del árbitro, y no como una acusación directa contra su honestidad.
La organización arbitral AESAF, tras consultar el caso con el departamento jurídico del Comité Técnico de Árbitros, decidió no presentar una denuncia ante el Comité de Disciplina de la RFEF.
La interpretación jurídica que se maneja establece una diferencia clave: Mourinho habría cuestionado la capacidad y preparación del árbitro, pero no directamente su honradez.
Entre sus declaraciones destacó una frase dirigida al sistema de designaciones:
«Quien tiene que estar feliz es el comité de designación arbitral».
El entrenador también calificó al colegiado como un «pobre árbitro» y puso en duda su experiencia para dirigir un partido de máxima exigencia.
El precedente se remonta al 16 de abril de 2022, después de la derrota del Valencia por 1-2 ante Osasuna en Mestalla.
Gayà fue preguntado por una acción protagonizada por Bryan Gil que el conjunto valencianista reclamaba como penalti. El lateral expresó su malestar y afirmó:
«El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo».
El futbolista también señaló que los jugadores debían asumir las decisiones arbitrales y llegó a decir que «aquí hacen lo que quieren».
Aquellas declaraciones terminaron provocando la apertura de un procedimiento disciplinario. El Comité de Competición impuso a Gayà cuatro partidos de suspensión y una multa económica.
La sanción se mantuvo posteriormente tras los recursos presentados por el Valencia. El Comité de Apelación confirmó el castigo y el Tribunal Administrativo del Deporte rechazó igualmente la reclamación.
Gayà manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución y calificó la situación como un «agravio comparativo». El futbolista defendió que durante su carrera nunca había faltado al respeto a los árbitros.
El Valencia también presentó precedentes de otros casos en los que protagonistas del fútbol español habían realizado declaraciones contra los colegiados y posteriormente habían conseguido que sus sanciones fueran anuladas.
El contexto actual se produjo después de la derrota del Real Madrid frente al Atlético de Madrid. Mourinho acudió a la rueda de prensa con dos acciones impresas para explicar su interpretación de determinadas jugadas.
Pero sus críticas no se limitaron a esas acciones. El técnico portugués cuestionó la designación de Miguel Ángel Ortiz Arias, hizo referencia a su edad y experiencia y también dirigió sus críticas hacia el responsable del VAR, Daniel Trujillo Suárez.
Mourinho habló además del funcionamiento general del arbitraje y expresó su deseo de que el Real Madrid pudiera competir en igualdad de condiciones.
Pese a la contundencia de sus declaraciones, AESAF y el departamento jurídico del CTA han optado por no presentar una denuncia disciplinaria.
El contraste con el expediente abierto a Gayà en 2022 vuelve así a alimentar el debate sobre los criterios utilizados para valorar públicamente las declaraciones de jugadores y entrenadores contra los árbitros.
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